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31 julio 2007

La norma como base de nuestra libertad

Por Carlos Abrego

Resulta extraño que la libertad individual se asocie a la ausencia de ley o que la ley se considere como algo que pone en entredicho la realización del individuo. Hace algunos años un ensayista francés que tuvo fama mundial y que ejerció su autoridad durante algunos lustros y que comienza hoy a olvidarse, me refiero a Roland Barthes, hablaba del “carácter totalitario del lenguaje”. Esto porque el maestro ginebrino Ferdinand de Saussure en su “Curso” sostiene que un individuo es incapaz de cambiar voluntariamente el sistema lingüístico y que existe un nivel en el que apenas si puede tomar una iniciativa o mostrar su creatividad, se refiere al nivel fonológico.

Este subsistema —el fonológico— lo aprendemos sin darnos cuenta y lo usamos tan inconscientemente que apenas si somos capaces de analizarlo sin una previa preparación teórica. Sobre el resto de niveles, aunque también se aprenden de manera inconsciente, podemos con mayor facilidad ejercer nuestra intuición analítica. Sin embargo aún en el campo fonológico no se pierden los factores personales, individuales. Incluso el timbre puede usarse como un identificador, como lo son las huellas dactilares. Nuestros interlocutores nos reconocen, pueden identificarnos, saben determinar nuestro sexo, tal vez la edad y en algunos casos nuestro origen. Hay oídos de tal acuidad que son capaces de determinar el barrio del hablante por la simple entonación. Aunque este aspecto ya no es tan individual. Pero si queremos comprender el funcionamiento del sistema fonológico debemos poner de lado lo más personal de los hablantes y contentarnos de lo que es general, de lo estrictamente necesario para entendernos, de los rasgos distintivos que configuran los fonemas. Sucede, en esto, un proceso complejo de abstracción, en que lo esencial son apenas ciertos contrastes, las famosas oposiciones de las que habló Ferdinand de Saussure, detalladas por primera vez por N. S. Trubetskoy (1980 1938) en sus “Principios de Fonología”.

En el párrafo anterior he mencionado de alguna manera dos fenómenos distintos, uno que queda al exterior del lengua propiamente dicha y el otro que es la base de su funcionamiento. J. Baudouin de Courtenay (1845 – 1929), lingüista ruso-polaco, en realidad polaco que impartió sus cursos principalmente en universidades rusas, Kazan y San Petersburgo, fue uno de los primeros en proponer el estudio de estos fenómenos por separado, por dos “fonéticas descriptivas” distintas, una la que se encargaría de los sonidos en tanto que tales, es decir, considerados en su aspecto físico y su producción fisiológica y la otra en tanto que “señales fónicas empleadas para fines de intercomprensión al interior de una comunidad lingüística”. En estos planteamientos se sobrentiende ya el concepto de fonema. Esta última fonética descriptiva ha recibido el nombre de “fonología”.

Pero los hablantes no están restringidos en sus elecciones únicamente en el nivel fonológico. Es necesario que sus selecciones léxicas se realicen en el “tesoro léxico” que el hablante mismo y su interlocutor tienen en común. Los neologismos son relativamente raros. También sus construcciones sintácticas deben hacerse al interior del repertorio de sintagmas de la lengua. ¿Esto implica obligatoriamente que el individuo sea un ente lingüísticamente oprimido y que viva en libertad condicional?

Siempre aparecen paquetes de cuestiones. En este caso es necesario hablar de la interacción de las normas y la libertad. Es necesario también dilucidar de qué suerte de libertad y de qué tipo de normas estamos hablando. Tocamos aquí algunas determinaciones sociales de los individuos y la acción y reacción de estos últimos frente a lo social. He preferido hablar de normas y no de leyes, aunque a veces se imponga hablar de leyes, incluso que restrinjamos su universalidad y las declaremos estadísticas.

Se entrelazan pues problemas que desbordan los estrictos marcos de la ciencia lingüística y que requieren planteamientos filosóficos. Estos problemas están siempre presentes en los análisis lingüísticos, aunque de manera general se sobrentienden, permanecen tácitos.

Incluso para definir cuál es el punto de partida del análisis es necesario determinar si el acto del habla es un acto eminentemente individual o presupone siempre —como lo señala Roman Jakobson— al interlocutor. Al presuponer al interlocutor se está implicando también lo que hay de común entre ellos y que los habilita a entrar en una relación lingüística, dicho en otros términos, tienen que pertenecer a la misma comunidad lingüística, el acto de habla es ya un acto social.

Las reglas lingüísticas que constriñen al hablante a mantenerse en el interior del sistema lingüístico común, es la base social que nos permite expresarnos y ser entendidos por nuestros interlocutores. Esta doble ventaja que nos permite el lenguaje es la condición misma que posibilita la liberación de los hombres. Es únicamente a través del lenguaje que nosotros podemos afirmar o negar con convicción. “Para esto —nos dice Albert Sechehaye (1870-1946), lingüista suizo— es necesario que el pensamiento y todo lo que asegura su funcionamiento se despliegue en el plano de lo que nosotros llamamos la libertad bajo control de nuestra consciencia individual”.

Tal vez sea necesario recordar que el lenguaje no solamente es manifestación de nuestra humanidad, sino que condición de la misma. Se suele repetir de manera bastante insistente que la lengua es lo propio del hombre. No obstante esto puede significar que ella proviene de no se sabe qué misteriosa naturaleza del hombre. Pero el lenguaje es una creación del género humano que se convirtió condición misma de su humanizacion y de la hominización de los individuos. Esta creación fue paulatina y duró tal vez muchos milenios. Muchas de las características del lenguaje que se consideran universales estaban presentes ya desde el inicio, pues únicamente un sistema fonológico, un sistema paradigmático y sintagmático permiten la manifestación de nuestro pensamiento y condicionan la cooperación entre los hombres. Es con el instrumento, la condición de nuestra liberación del estado animal. Ambos —instrumento y lenguaje— son exteriorizaciones de nuestra consciencia y manifestaciones excentradas de nuestro ser social.

La adecuación del instrumento para los fines materiales que se persiguen, tal vez no alcanza la alta adecuación de los distintas estructuras del lenguaje para los fines que cumplen. El hecho de funcionar de manera inconsciente en aspectos complicados como es la sistemática oposición o contrastividad de los fonemas, la ordenación de contenidos en las estructuras sintácticas y la facilidad de selección de los contenidos semánticos, que nos deja libre la consciencia para elaborar nuestros pensamientos, para construir nuestros proyectos y para expresar nuestras convicciones.

No obstante para no quedarnos en simples generalidades, es necesario afirmar que el individuo no toma las palabras ya con un contenido acabado de una vez por todas. Son los individuos los que en sus actos de habla le van dando contenido particular y concreto al material lingüístico. Es precisamente porque los individuos no ponen en sus afirmaciones contenidos preexistentes en algún limbo intersubjetivo que nuestras afirmaciones pueden individualizarse y ser particulares. La base común existe en cada uno de nosotros, pues esta base nos es trasmitida por las generaciones que nos preceden y constituyen un patrimonio común.

Los distintos niveles del saber lingüístico están condicionados por las diferencias individuales, diferentes condiciones de vida, de aprendizaje, distinta personalidad, distinto origen social, profesión, gustos, diversas relaciones sociales, etc. Todo esto hace que nuestro dominio de las estructuras lingüísticas sea más o menos rico. Los malentendidos que surgen en muchas conversaciones se sustentan justamente de todos estos fenómenos, que hacen que la amplitud o la profundidad del contenido que el locutor le imprime a su mensaje no coincida con las de su interlocutor. Este es el origen de que en nuestras conversaciones recurramos a explicaciones de lo que “en realidad habíamos querido decir”. Y a veces incluso con estas explicaciones no logramos darnos a entender, tal es la distancia social o cultural entre los interlocutores. El hecho de que existe un bagaje común es innegable y es justamente el que nos permite coincidir con otros en el sentido que le damos a nuestros elocuciones.

No obstante la individualidad no se manifiesta solamente en el que emite el mensaje lingüístico, sino que también en el que lo recepciona. El receptor también es activo y su individualidad también se manifiesta en la interpretación de lo que escucha. Es cierto que tanto el locutor como el receptor parten de un conocimiento común, de lo que podríamos llamar lo abstracto en el lenguaje.

En el uso de la lengua siempre partimos de lo abstracto hacia lo concreto. Los fonemas son entidades abstractas. No estoy diciendo irreales, ni ilusorias, ni ideales. Cuando se habla de fonemas no hablamos directamente del fenómeno físico que perciben nuestros oídos. No obstante sabemos que cuando un locutor emite un mensaje se trata de una realización concreta de los fonemas. Es decir que la oposiciones fonemáticas son particularizadas en la voz del hablante. Lo mismo sucede con las palabras (o monemas). Es necesario recurrir al diccionario para conocer el significado general de la palabra, no obstante este significado es simplemente una generalización, lo que de manera general significa tal o cual palabra, es decir, las palabras en los diccionarios están descontextualizadas. La significación concreta difiere mucho de esas definiciones. Y esta diferencia no resulta de un mal uso de la lengua, al contrario, el acto de habla es creativo y concretamente es el único que tiene significación. No existen actos de lengua. La cabal significación de las palabras se manifiesta en la interacción de los hablantes. Es en los actos de habla que surge la evolución misma de la lengua. En la que la originalidad del hablante es sancionada por sus oyentes. Para que una innovación tenga cabida en la lengua es necesario que la comunidad la acepte y la haga suya.

Como hemos visto, partimos de la rigidez de lo sistemático, de lo que nos imponen las generaciones que nos han precedido. Nuestra obediencia a esta imposición es justamente lo que nos permite permanecer dentro de la comunidad, la que nos salva de aislarnos del resto de los hombres. Alguien que se aparte deliberadamente de los diferentes esquemas que componen la lengua, podemos decir que padece de alguna enfermedad síquica, pues lo único que logra es excluirse de la comunidad. Es este uso inconsciente de los esquemas lo que nos permite, ya lo dijimos arriba, manifestar nuestra individualidad y nuestra originalidad. Es lo que fundamenta la posibilidad de nuestra libertad de pensar.

27 julio 2007

Suchitoto: los 9 quedarán libres

Las acciones conjugadas de los abogados defensores, las organizaciones humanitarias, artículos de prensa, presión internacional, etc. lograron que el Juzgado Especial se pronunciara por poner libres a los inculpados de “terrorismo” y apresados en Suchitoto.

Se trata de otra victoria, pues los reos han ido saliendo de a poco, pero ahora están todos afuera y esto nos tiene que llenar de alegría y confortar en la convicción de que todavía es posible en nuestro país resistir políticamente contra lo arbitrario. Esto que digo no significa que no haya habido atropello, todo lo contrario, hay que permanecer vigilantes y más todavía reforzar nuestras protestas hasta obtener que se les rinda justicia a estos inculpados.

Es necesario seguir ejerciendo presión hasta la abrogación de la ley antidemocrática, llamada “antiterrorista”. Hay que impedir que el Código penal se convierta en un instrumento represivo del movimiento social, es la pretención actual del gobierno de Saca.

Es necesario que se investigue a quienes cometieron delitos de tortura contra los reos de Suchitoto y que sean enjuiciados.

Pero además de estas acciones, es necesario que el Estado asuma su obligación de llevar el agua potable a todos los hogares, que asuma su obligación de distribución a nivel nacional y que ANDA recobre los millones que le fueron robados y los invierta en la modernización de la distribución del agua. Es necesario elevar nuestra voz contra todo intento de privatización del agua y de su distribución. Ya sabemos cual ha sido el resultado de las otras privatizaciones, el alza de los precios y disminución de los servicios prestados. El agua es tan vital como el aire que respiramos, ¿podemos imaginarnos que se privatice el oxígeno? Tal vez haya quien sueñe con esa posibilidad...

23 julio 2007

La cárcel como solución

Nuestros gobernantes son tercos. Algunos verán en esta terquedad una cualidad que de seguro llaman perseverancia. Desde la presidencia de Flores vieron en la cárcel el remedio a los problemas sociales. Fue bajo esta iluminación que surgió la ley de la “mano dura” . Flores cerró sus oídos a los aspectos preventivos de la lucha contra la criminalidad juvenil y un trato de recuperación social para los jóvenes que habían cometido delitos leves. Creo que ellos no conocen que es un delito leve. En lugar de medidas preventivas, se decidieron por una ley que criminalizaba el aspecto, le imponía penas exageradas a menores, dándoles un trato de mayores de edad. Le daban la espalda a nuestra Constitución y a los tratados internacionales de la protección de menores. La Corte Suprema de Justicia se ha negado a declarar inconstitucional esta ley, abandonando su responsabilidad y su deber de guardianes de la legalidad y del respeto de la instituciones.

La derecha prometía que pronto veríamos la eficacidad de su método carcelario. Lo que se cosechó fue la tormenta. La escalada criminal se aceleró y fueron apareciendo incluso lugares en donde reinaba la ley de las maras. Por lo menos era lo que nos decía la prensa nacional. La sociedad sentía miedo. Los titulares de los diarios se manchaban de sangre cotidiana. La campaña de Saca se basó en la promesa de que iba a barrer de un solo tajo la delincuencia con su propia ley de “super mano dura”. Solo le faltó ponerse el antifaz del Zorro. No tardaron muchos meses y la nueva ley estaba vigente. La penas carcelarias se volvieron penas perpetuas, que al sumarse le daban a los delincuentes una esperanza de vida de más de cien años.

De nuevo oídos sordos a la prevención y a la educación, ninguna medida seria y el mismo silencio cómplice de la Corte Suprema de Justicia. Violar la Constitución se ha ido institucionalizando y nuestros magistrados han erigido la alcahuetería en método. Los resultados los conocemos todos, el número de homicidios ha ido creciendo hasta colocar al país en uno de los primeros lugares en este “ramo”.

Hemos visto luego la aparición de una ley antiterrorista que fue denunciada desde su discusión como una ley antidemocrática, destinada sobre todo para acallar al movimiento social. Además de sus ambigüedades jurídicas, esta ley se ha caracterizado por la agravación de las penas de cárcel. No creo que valga la pena decir cuál fue la actitud de la Corte Suprema de Justicia.

La realidad vino a darle razón a los que denunciaron las intenciones del presidente Saca. Cualquier disturbio callejero se volvió en acto terrorista. Vendedores ambulantes se convirtieron en peligrosos adeptos de Bin Laden. El Código penal se engabetaba y los fiscales le volteaban la espalda a la deontología. No puede ser que esos señores que han hecho de la ley su profesión no palparan la inadecuación que existe en calificar un delito penal en acto terrorista. Ellos simplemente obedecen. Tal vez no se dan cuenta que poco a poco el régimen se está volviendo carcelario gracias a su propia complicidad. Ellos no podrán negar que no supieron o no quisieron asumir su responsabilidad moral y ciudadana.

Una subida más se ha operado en este mes, cuando aparecieron presos que no se les puede llamar de otra manera que con el calificativo de políticos. Pues tal vez hubo disturbios provocados por los manifestantes. Pero algunas capturas fueron a ojos vista selectivas e incluso antes de que los disturbios policiales surgieran. Digo disturbios policiales, pero se trata de represión llana y pura. Pues los policías —según las imágenes que se han visto— son los que arremeten contra los manifestantes. Los manifestantes respondieron con piedras y palos al tiroteo policial. La presencia en el lugar de tanquetas y helicópteros es un indicio de que la represión estaba prevista. La presencia de unidades del Ejercito es un hecho que se adiciona al empeoramiento de la situación política. La forma y el argumento del presidente para justificar el uso abusivo del Ejercito es simplemente una arrogancia más de alguien que ha perdido el control de la situación.

La represión policial tuvo su acabamiento en la represión judicial, calificar de actos terroristas el lanzamiento de palos y piedras contra los policías que hacían uso de sus armas, supera ampliamente los delirios de un dictador de alguna ficción. Nuestro presidente está asustado, se da cuenta de que su método no funciona, sus spots publicitarios ya dejaron de cautivar hasta a sus correligionarios y aburren e indignan al resto de la población. El país siente que se hunde. La fuga hacia el norte acrecienta su ritmo y manifiesta con creces la desesperación de los salvadoreños delante las dificultades económicas. Los medios pueden repetir a diario que la economía nacional es floreciente, los salarios no alcanzan para terminar el mes y la inflación es constante. El pequeño comercio esta asfixiado, lo mismo sucede con la pequeña y mediana producción. Esta es la realidad, es esto lo que vive y siente la gente, los títulos de los diarios anunciando los triunfos económicos nacionales no engañan a nadie, el PIB indica solamente que los que ganan, ganan más. Me refiero al gran comercio y a la banca o al revés.

Las protestas fueron grandes, tanto al interior del país, como internacionalmente contra la aplicación de la ley “antiterrorista” contra los manifestantes de Suchitoto. Pero la solución de la derecha es la de siempre, introducir las exageradas penas carcelarias en el Código Penal.

La derecha tal vez espera ganar las elecciones sirviéndose de nuevo del miedo. Ahora van a llenar las primeras planas con terroristas y las cárceles con activistas políticos. Tal vez esperan acallar las protestas contra la nefasta política gubernamental.

Rectificación: La CSJ declaró anticonstitucional la primera ley "antimaras", cuando ya iba a expirar el período de vigencia el 30 de Junio de 2004. Con lo cual mostraba más su incompetencia.


19 julio 2007

Fe de erratas

Rectificación:

La pequeña nota que aparecía delante del comunicado del IDHUCA fue producto de una falsa maniobra. Se editó algo que estaba en los borradores y he tratado dos veces de borrar la nota. Pero a cada vez reaparecía. Decidí borrar por completo el envío y publicar el comunicado en una nueva entrada.

Pido disculpa por las molestias. No pude copiar los comentarios que aparecieron, pero concernían sobre todo la nota arriba mencionada.

El IDHUCA se pronuncia

¡SALVAR A EL SALVADOR!

"El terrorismo prospera a menudo en ambientes en que se

producen violaciones de los derechos humanos

y donde los derechos civiles y políticos están limitados"

(Kofi Annan)

Quince años y medio después del fin de la guerra, el país está a la deriva y va en retroceso. Como en el pasado, se manipula la institucionalidad al antojo del grupo en el poder y se restringe gradualmente el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Por eso, pero sobre todo porque aún es tiempo de salvar a El Salvador, ante la situación actual el IDHUCA:

  1. RECHAZA el peligroso protagonismo de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES). Además de lanzarla a invadir Irak en contra del sentir mayoritario, violan la Constitución al utilizar su Unidad Élite y el Comando de Fuerzas Especiales en la captura de José Mario Belloso el domingo 1 de julio y en los violentos sucesos ocurridos, un día después, en Suchitoto. De continuar así, abrirán la puerta a una nueva intromisión castrense en la política nacional cuyas nefastas consecuencias son de sobra conocidas.

  1. CONDENA la aplicación discrecional de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo en perjuicio de trece personas capturadas en Suchitoto el lunes 2 de julio y, antes, contra vendedores informales. Esos hechos no deben calificarse como tales ni sus protagonistas pueden ser tachados de terroristas, porque no lo son. La verdadera amenaza del terrorismo se cierne sobre el país en la medida que –además de seguir enviando tropas a Irak– se incrementa la exclusión, la marginación, la intolerancia y la confrontación en lo social, lo económico y lo político. Lo anterior configura un terreno fértil para la radicalización extremista. Por eso Kofi Annan, ex secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirma que el "asegurar los derechos humanos es un elemento inherente y esencial de cualquier estrategia de lucha contra el terrorismo".

  1. DENUNCIA a la dirección de la Policía Nacional Civil, cuya Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) violó en Suchitoto el cuarto de los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aprobados por la ONU en septiembre de 1990. Según éste, "en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego"; estos recursos sólo se podrán usar "cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto" .

  1. DENUNCIA, además, al Fiscal General de la República por imputar sin fundamento la realización de actos terroristas a las trece personas detenidas. Eso se demuestra fácil y lamentablemente –por el daño que le causa a la institucionalidad– al leer su requerimiento del jueves 5 de julio. Sin individualizar responsabilidades, ofrece como "pruebas" las actas de las capturas y declaraciones de policías; entrevistas que, en todo caso, se refieren delitos comunes como daños a la propiedad pública y privada; y menciona las "barricadas" hechas por manifestantes, quienes lanzaron "palos y piedras" a los agentes de la UMO que se defendieron lanzándoles "gases químicos como granadas de humo". Hasta el presidente Saca afirmó hace unos días, lo siguiente: "Hay que separar el tema del terrorismo con el tema de actos delincuenciales; actos vandálicos es lo que tuvimos en Suchitoto".

  1. DENUNCIA, también, a la titular del Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador por no declararse incompetente para conocer los hechos, pese a que los mismos no constituyen "delitos de realización compleja" y a que la representación fiscal no demostró que fueran resultado de una estructura de "crimen organizado", como exige la ley que creó dichos tribunales.

  1. REQUIERE enfrentar la impunidad de forma seria y responsable. La captura de José Mario Belloso no significa que en El Salvador brilla ya la justicia, como presumen el presidente Saca y otros funcionarios. Al contrario, ese hecho confirma lo mal que han actuado y el daño que le han hecho al país. Hoy piden crear una comisión especial para investigar "grupos armados ilegales" cuando, por falta de un compromiso real con la justicia, no cumplieron las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y del Grupo Conjunto creado –precisamente– para investigar dichas agrupaciones criminales. De no haber incurrido en esa absurda omisión oficial, quizá se hubieran salvado, entre otras, las vidas de los dos jóvenes policías ejecutados el 2 de julio del año pasado; también las de Ramón Mauricio García Prieto Giralt y Darol Francisco Velis, así como las de todas las personas asesinadas por la fatídica "Sombra negra" y otros escuadrones similares cuya existencia actual ha sido denunciada en varias ocasiones.

Por todo lo anterior, el IDHUCA:

  1. DEMANDA al presidente Saca y a su gabinete, dejar de instrumentalizar las instituciones para asegurarse frutos electorales en el 2009. No debe, pues, seguir adelante con su última iniciativa: la de incrementar la pena para el delito de desórdenes públicos. De esa forma, pretende cerrar el círculo para "legalizar" la criminalización de cualquier protesta social legítima.

  1. EXIGE responsabilidad al Órgano Legislativo para que trabaje en función de las víctimas y el respeto de los derechos humanos, superando de una vez por todas las visiones partidistas electoreras que lo ha convertido en una arena de lucha ideológica.

  1. RECLAMA dignidad al Órgano Judicial, para erigirse como la primera y mejor trinchera en la defensa inclaudicable de la legalidad y para reivindicar su independencia ante cualquier tipo de presión, venga de donde venga, en sintonía con la ONU cuando señala que "los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consecuencia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas de cualquiera sectores o por cualquier motivo" .
  2. EXHORTA a los medios de difusión masiva para que no alienten la confrontación, en el marco de un proselitismo partidista anticipado y muy riesgoso. Más allá de la campaña "Medios unidos por la paz", lo que se espera de éstos es que informen con objetividad y profesionalismo para contribuir a alcanzar la tan ansiada paz social.

  1. EXIGE a los partidos políticos que dejen de jugar con fuego, porque pueden incendiar a El Salvador. De no ser así, serán los principales responsables de profundizar la ingobernabilidad y generar un conflicto social cuya dimensión y consecuencias son previsibles. Reflexionen sobre su actuación, porque aún faltan dieciocho meses para las elecciones; sigan como hasta ahora y quien sabe qué país administrará el que resulte "triunfador".

  1. INVITA a la sociedad en general a participar activa, decidida, valiente y creativamente en el surgimiento de un movimiento ciudadano amplio y capaz de frenar los atropellos del mal gobierno y los desatinos de la "clase política", para evitar que se conduzca al país por el camino de la violencia y el caos.
Por último, al no haber individualizado responsabilidad penal alguna y a partir de la definición que Amnistía Internacional hace de los presos de conciencia –quienes "sin haber utilizado la violencia ni haber propugnado su uso, son encarceladas o sometidas a otras restricciones de su libertad a causa de sus creencias, su origen étnico, sexo, color o idioma" – el IDHUCA exige la inmediata liberación de las trece personas detenidas en Suchitoto el lunes 2 de julio.

San Salvador, miércoles 18 de julio del 2007.


Asesinan a líder sindicalista en El Salvador


Por Frankie Flores

Esta tarde encontraron el cadáver del líder sindicalista Miguel Angel Vásquez, secretario de Finanzas del Sindicato de la Energía.

El Líder sindicalista desapareció el día de ayer después de salir de la planta de energía. Su familia que siempre está pendiente de su seguridad, hizo la denuncia al ver que no llegaba a la casa, ya que el compañero sindicalista es muy puntual para llegar a su casa.

Su cuerpo fue encontrado en la Colonia Las Palmeras de Mejicanos, mientras que su carro fue localizado en la Colonia 22 de Abril.

Su cuerpo presenta dos tiros en la cabeza y ahora se encuentra en medicina legal.

El compañero sera velado en la Funeraria Las Colinas.

Su crimen viene a sumarse a los 10 o 15 cadáveres que aparecen a diario en El Salvador, producido por las muertes sumarias por sicarios o Escuadrones de La Muerte manejados desde entidades del gobierno del partido derechista en el país.

En El Salvador se cometen crímenes que casi todos quedan impunes por lo que la familia pide a las autoridades una exhaustiva investigación en este caso, dado que en los últimos años se ha venido asesinando a líderes comunitarios, activistas de derechos humanos y estudiantiles, tales como el asesinato cruel de los esposos Manzanares en Suchitoto, el asesinato de los Esposos Peñate Flores en Coatepeque, el de los Pastores Luteranos en Jayaque, etc.

También se han dado desaparecimientos de líderes como el del joven estudiantes Francisco Bonifacio miembro del BPJ, quien fuera capturado por la Policía Nacional Civil de Ateos, La Libertad, sin que la PNC haya dado una respuesta a su secuestro.

Libertad para los presos políticos
















Una manifestación pacífica de la sociedad civil partió desde el parque Cuscatlán hacia el monumento de El Salvador del Mundo, el día miércoles 18 de julio, donde algunos ciudadanos iniciarán una huelga de hambre en solidaridad con los presos y presas políticas.

Esperamos que estas personas que manifiestan pacíficamente, no sean agredidas por efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC), y capturadas bajo los cargos de terroristas.


15 julio 2007

La ley antiterrorista al Código penal

El presidente Saca por mucho que haya querido hacerse el sordo, ha tenido que atender el clamor de las protestas venidas de todos lados, tanto del interior del país, como del extranjero. No obstante como de costumbre, como buen dictadorzuelo resentido, no puede consentir llanamente a los pedidos que se le han hecho. Pues como no se le puede, ni se debe aplicar a las protestas callejeras contra su política la ley “antiterrorista”, ahora pretende transformar el Código penal en un recetario de penas agravadas. Pero lo que es peor en el caso, es que los “disturbios” que ya están contemplados en la ley y que tienen ya establecidas sus penas, nuestro Principito quiere no solamente aumentarlas, sino que sean tribunales “especiales” los que atiendan estos asuntos. En otras palabras quiere simplemente trasladar la ley “antiterrorista al Código penal.

Por vehementes que sean sus declaraciones de atenerse a los principios democráticos, el presidente Saca no conoce sino la ineficacia de la agravación de penas. Su primera tarea, por la que pidió que se le juzgara sobre todo, era la que iba a reducir a las pandillas y que su criminalidad desaparecería, los diputados de su partido y de los partidos satélites votaron la ley de la “mano superdura”. Desde su llegada a la presidencia todos sabemos que la criminalidad se ha empeorado, que su política represiva ha sido un fiasco.

La derecha recalcitrante, nuestra derecha que se ha conducido siempre de manera autoritaria, que hizo del despotismo su fe, que se condujo en dueña del país, sabe que está perdiendo pie en las aguas democráticas. Sus brazadas de ahogado tratan de alcanzar desesperadamente el único salvavidas que le queda, la dictadura. La táctica es convertir la legislación corriente en ley de excepción, sacar de nuevo al Ejército de los cuarteles y ponerlo a su servicio.

Nuestro país se encuentra ahora en una encrucijada, volver hacia atrás, hacia el enfrentamiento, hacia la dictadura o seguir por el camino de la democracia, ampliándola, profundizándola, aumentando los derechos de los ciudadanos, propiciando su participación activa.

El caso de Suchitoto es característico de lo que estamos viviendo. Por un lado el presidente de manera inconsulta desea lanzar una campaña de privatización del agua, para ello elige un lugar en el que hace un año se cometió una de los crímenes más atroces de los recién activados Escuadrones de la Muerte, el asesinato de los esposos Manzanares. Este crimen como se sabe ha quedado sin investigación y ha sido escrupulosamente ocultado por los medios oficiales. Por el otro lado, asociaciones que quieren expresar su opinión sobre la gestión del agua y que reclaman un servicio público mejorado de la explotación y distribución del agua. ¿Qué hizo el régimen? Desde tempranas horas de la madrugada montó su dispositivo represivo: agentes de la UMO, tanquetas, helicópteros y a la hora de lanzar la represión ningún miramiento, golpes, balazos, bombas lagrimógenas, etc. Pero también capturas selectivas, pues algunas se efectuaron de manera brutal antes del inicio de la manifestación y buscaron a quienes ellos de seguro designan como los “cabecillas”.

Estamos ante dos concepciones de la soberanía, la que la hace residir en el pueblo y la otra, la que alza al funcionario al rango de dictador. Pues ya no existe en el país división de poderes, la Asamblea es una sirvienta que ejecuta, el poder judicial obedece con sus tribunales especiales y los fiscales afabuladores. El acto terrorista que señalan es la puesta en peligro de la vida del presidente. “Lo que no mata, engorda”, decimos los salvadoreños, el rídiculo no mata, pero tal vez engorda. Ya nos habían querido adormecer con el “fallido atentado” contra el presidente, ahora se trata de “individuos que querían bajar el helicóptero presidencial, que se encontraba a varios kilómetros de distancia, con enormes piedrotas...”. ¡Veya Usté!

La derecha no quiere aceptar la posibilidad de dejar el poder, le teme a la alternancia, tal vez le teme también que el gobierno de otro partido mande a investigar qué uso se le ha dado al dinero del Estado. Por el momento han tenido hasta la protección de la Corte Suprema de Justicia que no ha ordenado la investigación de las cuentas bancarias del expresidente Flores y de otros funcionarios. No voy a enumerar todos los casos en que ministros y exministros están implicados de una o de otra manera. Pero a lo que le temen más aún, es que se haga la demostración que ellos han sido simplemente un estorbo para el desarrollo nacional. Ellos se empecinan en seguir embargando al país, el empréstito enmascarado del fideicomiso es una prueba de lo poco que les importa la Constitución y evidencia del desprecio por las generaciones venideras.

El miedo de la derecha la conduce a optar por volver hacia el callejón sin salida del enfrentamiento. Es por eso que se le impone a la parte popular la prudencia. La derecha va a seguir provocando, ahora ya no tiene más recursos que agravar la situación política nacional, de nuevo es la represión su método de gobierno, la persecución, el encarcelamiento y también el asesinato.

Es por ello que los salvadoreños urgimos de la solidaridad internacional en estos momentos, le pedimos a todos que se muestren vigilantes y atentos hacia las acciones del gobierno de Saca. Es necesario que la OEA no se muestre complaciente con el dispositivo de listas electorales con “almas muertas”. Es necesario que vengan en abundancia para las próximas elecciones observadores de todos los países, pues en definitiva su último recurso será el fraude. Hay que impedir que de nuevo aparezca el carrusel de votantes, las famosas "ruedas de caballitos", en las que en camiones llevaban a campesinos de urna en urna.

La actitud actual de la derecha, su actitud autoritaria, despótica pone en entredicho desde ahora la posibilidad para la oposición de llevar una campaña electoral en buenas condiciones. Es necesario que los organismos internacionales se muestren vigilantes también en este proceso preelectoral. Es necesario salvar los pocos elementos de democracia que se han logrado en El Salvador.

Sin embargo lo que hoy es urgente es que los presos políticos sean puestos inmediatamente en libertad. Es necesario que la protesta continúe y se agrande. Dejar que esos presos sigan sufriendo cárcel y los desmanes a los que son sometidos no es tolerable. La exigencia es: “liberdad para los presos políticos de Suchitoto, ahora, ya”.

13 julio 2007

Suchitoto

Ovidio Mauricio González, Director de Tutela Legal del Arzobispado, y David Morales, Jurídico de la misma institución, se pronuncian sobre los sucesos de Suchitoto.

Foto: Wilfredo Lara

PNC actuó arbitrariamente contra manifestantes en Suchitoto: Tutela Legal

Beatriz Castillo

Redacción Diario Co Latino

“La Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO), el día 2 de julio, utilizó fuerza generalizada no letal en forma ilegal y desproporcionada contra un grupo de manifestantes”, resalta el informe de Tutela Legal del Arzobispado, difundido esta mañana.

El informe recoge el producto de una investigación y recopilación de información, producto de entrevistas con las personas que estuvieron durante la concentración por la no privatización del agua, en Suchi-toto el pasado 2 de julio.

La actividad culminó en desórdenes y la captura de catorce personas, de las cuales trece permanecen en prisión, acusados de cometer “actos de terrorismo”.

Tutela Legal del Arzobispado, además, recomienda una investigación en contra de los agentes que participaron en la detención.

El director de Tutela Legal, Ovidio Mauricio González, dijo que los agentes de la PNC “actuaron de forma arbitraria sin agotar los procesos de mediación”.

“El uso de la fuerza es arbitraria, es ilegal, es innecesaria mientras los manifestantes no realizaban acciones violentas, ni amenazaban en realizarlas. Y la UMO intervino sin agotar previamente los procesos de mediación, a pesar de que los agredidos estaban desarmados y en su derecho libre a la manifestación y reunión”, explicó González.

“Tutela Legal del Arzobispado concluye que la finalidad de ese operativo policial no fue el establecimiento del orden público, sino la represión indiscriminada para aplicar castigo y terror a los detenidos, a la comunidad organizada, a la población rural de Suchitoto”, agregó González.

El informe también resalta que la utilización de la Fuerza Armada en el operativo policial era innecesaria, por tanto, resulta claro que se hizo con fines de intimación a la población, “localidad que en su mayoría son ex combatiente del FMLN”. Asimismo, Tutela Legal señala una clara violación a los Derechos Humanos de los detenidos, quienes “fueron torturados, amenazados con tirarlos de un helicóptero y se atentó contra la libertad de expresión”.

Ante los hallazgos, Tutela Legal del Arzobispado pidió que se haga una análisis de las detenciones y el fallo de la jueza Ana Lucila Fuentes de Paz “porque se les ha vulnerado injustificadamente su derecho a la libertad”.

“Tutela Legal considera que los efectivos policiales y fiscales que han promovido la detención arbitraria, deben ser objeto de investigación penal por su presunta responsabilidad en el delito de privación de libertad”, acotó el González.

Por su parte, David Morales, abogado de Tutela Legal del Arzobispado, agregó que en los hecho existe “una cadena de delitos cometidos por los miembros de la policía: actos arbitrarios, lesiones, torturas y atentados contra la libertad de manifestación. Y la fiscalía ha encubierto estos delitos, presentando un requerimiento con muy pocos fundamentos”.

Morales criticó que a los trece detenidos se les esté imputando el delito de terrorismo cuando jurídicamente es “inaceptable”, entonces, la jueza Ana Lucila Fuentes de Paz, nos da un ejemplo de como “actuando contra la Constitución, está legislación va a ser utilizada para criminalizar la protesta social”.

Los juristas de Tutela Legal lamentaron que dentro de los detenidos esté la periodista Haydée Chicas, quién se identificó en el momento de los hechos ante los agentes, como una comunicadora social, sin embargo, no se respetó. “El caso de Chicas se convierte en el símbolo, de que en medio de esta cadena de actos arbitrarios, la libertad de expresión no tenía cabida”, recalcó.

En el informe piden, además, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que se pronuncie ante las muchas peticiones que existen para derogar la Ley Antiterrorista, por las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en contra de los procesados bajo esta normativa. Asimismo, que resuelva la petición de “habeas corpus”, presentado por la Fundación de la Aplicación del Derecho (FESPAD), ante la Sala de lo Constitucional.

12 julio 2007

Comunicado

Movimiento por la Defensa del Carácter Público

de la Universidad de El Salvador, MDCP-UES.

JORNADA CONMEMORATIVA DE LOS 35 AÑOS DE LA INVASIÓN MILITAR A LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, EL 19 DE JULIO DE 1972, Y DE LOS 32 AÑOS DE LA MASACRE ESTUDIANTIL POR LA DICTADURA OLIGAQUICO-MILITAR EL 30 DE JULIO DE 1975.

LLAMAMIENTO Nº I

LLAMAMOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y AL PUEBLO SALVADOREÑO, a reivindicar la memoria histórica de la lucha estudiantil y popular, conmemorando con actos patrióticos y de reafirmación de la conciencia cívica, de las dos fechas de esta jornada, que marcaron para nuestro pueblo acontecimientos de trascendencia nacional.

LA JORNADA SE EXTENDERÁ DURANTE TODO EL MES DE JULIO. LAS ASOCIACIONES ESTUDIANTILES, DOCENTES, CULTURALES, SOCIALES, ETC. DEL PAÍS, PUEDEN PARTICIPAR EN LA FORMA QUE QUIERAN HACERLO, RELACIONANDO LOS ACTOS, CON LOS OBJETIVOS PROPUESTOS PARA LA CONMEMORACIÓN.

¿QUÉ UNIVERSIDAD PÚBLICA NECESITA EL PAIS?

1) CONCEPCIÓN FILOSÓFICA Y FINES DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA SALVADOREÑA.

La Universidad de El Salvador, fundada hace 166 años, es la única institución de educación superior de carácter público con que cuenta el país.

Por mandato constitucional el derecho del pueblo a la educación y a la cultura, es inherente a cada salvadoreña y salvadoreño; y es finalidad primordial del Estado garantizarlas, fomentarlas y difundirlas. El Estado está obligado a realizar en la práctica social, el desarrollo de la ciencia, a fin de que el conocimiento científico, sea un componente fundamental de la educación y de la cultura del pueblo salvadoreño sin ningún tipo de exclusiones.

La Constitución de la República asigna a la educación el cumplimiento de los siguientes fines: 1) Que alcance el desarrollo integral de la personalidad, 2) Que contribuya a la construcción de una sociedad democrática próspera, justa y humana. 3) Que cultive en la conciencia de todas las personas el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de sus deberes. 4) Que combata la intolerancia y el odio como deformaciones contrarias a la personalidad democrática a que debemos aspirar. 5) Que conozca la realidad nacional y se identifique con los valores de la nacionalidad salvadoreña, y la unidad de los pueblos centroamericanos.

En esencia, lo anterior, es lo que expresan los Arts. 53 y 55 de la Constitución de El Salvador. Todo su contenido es de carácter filosófico-concepcional, aspirativo, con respecto a la educación. Sin embargo, la vida práctica, que es en definitiva el criterio máximo para la demostración de la verdad, niega de manera rotunda que, tanto los postulados filosóficos que inspiran una concepción específica para la educación salvadoreña, como los preceptos constitucionales que definen el contenido de la misma, se apliquen en la realidad educativa de la Universidad de El Salvador, UES.

CONSIDERAMOS QUE NO BASTA el enunciado legal de Universidad pública, con una concepción filosófica de la educación, y con fines establecidos con bastante claridad, si en la práctica real los planes, proyectos y programas de la UES y del Estado, no responden a las necesidades del tipo de conocimientos que el pueblo necesita para su desarrollo económico, educativo, cultural y social en la actualidad.

2) LLAMADOS A DEBATIR TODAS LAS CUESTIONES IMPORTANTES RELATIVAS A LA UES.

Amigas y amigos: Nos interesa plantear y debatir con amplitud y profundidad entre todos los sectores, grupos y ciudadanos de la Comunidad Universitaria y del país, todas las cuestiones relacionadas con la Universidad de El Salvador. Nos interesa conocer, y que se conozca, la realidad educativa y formativa de los estudiantes que en la actualidad cursan estudios en la única institución de educación superior de carácter público del país.

Recordemos que institución pública significa de propiedad e interés de todo el conglomerado social. En otras palabras, queremos que esté muy claro en la conciencia de la ciudadanía, que el cometido y desarrollo de la Universidad de El Salvador deben ser conocidos lo más ampliamente posible. De igual modo, las actividades educativas y formativas de los estudiantes que realiza la UES, deben ser evaluadas con base en los resultados concretos, expresados en el tipo de mujeres y hombres profesionales que egresan graduados de la misma. Como un primer paso de evaluación crítica del trabajo de la UES, estamos obligados a preguntarnos ¿Qué tipo de profesionales egresan de sus aulas? ¿Cuál es su nivel académico? ¿Cuál es su formación científica? ¿Cómo es su vocación de servicio hacia el pueblo que aporta los recursos económicos en forma de impuestos para que funcione la UES? ¿Cuál es la formación moral y humanista con que la Universidad pública dota a las mujeres y hombres que tienen el privilegio de cursar estudios superiores? ¿Qué calidades académicas, éticas, morales y culturales deben tener las personas que se elijan para autoridades de facultades y centrales de la UES?

Las interrogantes anteriores, se fundamentan en una cuestión de principio que nos recuerda que la misión de la UES, no es privativa, ni su naturaleza es privada. Repetimos: es una institución pública. Públicos son también los recursos materiales y económicos que hacen posible su existencia y funcionamiento. Por ello, es lógico que nos preguntemos ¿Qué calidad tienen los aportes de la Universidad pública con respecto a las necesidades de la sociedad de la que forma parte? ¿Cómo contribuye al desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura del país? ¿Se diferencia de manera esencial, el carácter público de la Universidad de El Salvador, de las universidades privadas o de mercado que existen en el país?

Necesitamos debatir estas cuestiones y muchas más, relacionadas con la calidad de la docencia que se imparte en sus aulas; todo lo relativo al financiamiento y presupuesto de la UES; la disposición a realizar investigación científica y adquirir el dominio tecnológico necesario; el papel que desempeña la autonomía universitaria; el número de estudiantes que recibe anualmente la UES y sus políticas de nuevo ingreso; etc. Estos asuntos que deben estar muy claros en todos y todas para saber qué tipo de universidad pública necesita El Salvador y su sociedad.

¡HONOR Y GLORIA A LOS DEFENSORES DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA DEL 19 DE JULIO DE 1972!

¡HONOR Y GLORIA A LOS MÁRTIRES UNIVERSITARIOS DEL 30 DE JULIO 1975!

¡TODOS Y TODAS A HONRAR LA MEMORIA DE NUESTROS MÁRTIRES Y HÉROES!

El Salvador, uno de julio del año2007.

CONSEJO COORDINADOR DEL MDCP-UES

A partir del Diario de Hoy

Agresión en Cárcel de Mujeres

Jorge Beltrán

Miércoles, 11 de Julio de 2007

Abuso

Más de cien mujeres sufrieron vejaciones sexuales y abusos de autoridad durante la requisa Custodios buscaban celulares, pero no hallaron nada El caso sería denunciado en el exterior, si el fallo judicial no es ratificado

Un "chisme" de sistemas de inteligencia del Estado contado a autoridades de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) derivó en una requisa que acabó en abuso de autoridad y agresiones sexuales a más de cien convictas de Cárcel de Mujeres, en Ilopango, según consta judicialmente.

Por la violación a "los derechos a la dignidad y privacidad de las internas", la jueza Segundo de Vigilancia Penitenciaria, Josefa Novais, declaró responsables a la directora del reclusorio, Fanny Patricia Pacheco de Ramírez, y al inspector general de centros penales, Julio César Hernández Panameño. Así consta en la resolución judicial emitida el 15 de junio, luego de una audiencia realizada en el interior de Cárcel de Mujeres.

La jueza ya ha notificado su veredicto al Ministro de Seguridad, René Figueroa, y al titular de la DGCP, Gilbert Cáceres, para que sean éstos, de acuerdo a la Ley Penitenciaria, quienes apliquen una sanción administrativa a los dos funcionarios declarados responsables de los atropellos.

Lo anterior, resolvió la letrada, para que sirva de ejemplo en posteriores requisas o registros.

El último inciso del artículo 45 de la Ley Penitenciaria establece que un juez de vigilancia que conozca de casos como el sucedido en Cárcel de Mujeres, sólo puede notificar su resolución al titular de la DGCP y al Ministro de Seguridad para que ellos impongan la sanciones correspondientes.

Para que los responsables de esos actos sean enjuiciados penalmente, las víctimas tienen que denunciar el caso ante la Fiscalía mediante abogados particulares, aunque, según fuentes judiciales consultadas, la Fiscalía bien podría actuar de oficio.

Ni celulares ni drogas

Jorge Alfonso Cruz Arévalo, abogado que representa a una veintena de convictas, sostiene que la requisa fue hecha violentando derechos fundamentales de decenas de reclusas, incluso agrediéndolas sexualmente y en completa contravención a lo que estipula la Ley Penitenciaria sobre la forma de hacer las requisas.

"Las desnudaron frente a otras convictas y usaron un mismo guante para registrarlas a todas", afirma el abogado.

El incidente comenzó a las 5.30 de la mañana del 6 de junio anterior, cuando varios custodios, entre hombres y mujeres, encapuchados, irrumpieron en los dormitorios del sector de mujeres penadas.

Todas las reclusas fueron sacadas en ropas de dormir hacia el salón de usos múltiples de la penitenciaría, donde les notificaron que harían una "requisa vaginal y anal".

Según funcionarios de la DGCP, con la requisa se pretendía decomisar drogas y, sobre todo, teléfonos celulares, debido a que la Inteligencia del Estado les había advertido que en esa área del penal habían detectado "algo especial". Otros delegados sostienen que fue la Inteligencia Penitenciaría la que los alertó.

Estando en el salón de usos múltiples, unas sesenta mujeres fueron enviadas al hospital público de San Bartolo, Ilopango, donde les hicieron radiografías para detectar objetos extraños en sus cavidades anales y vaginales. Los resultados fueron todos negativos.

Pero el que se llevó la peor parte fue el grupo de mujeres que fue registrado en el penal.

Por parejas o de tres en tres, las mujeres fueron introducidas al "cuarto de orientación". Ya en esa habitación, las obligaron a hacer entre cinco y 15 sentadillas.

Acto seguido, los hombres custodios les introducían dos o tres dedos en sus partes íntimas, sin tomar en cuenta que algunas andaban con sus períodos menstruales, de acuerdo con la denuncia de Cruz Arévalo y a los testimonios rendidos ante la jueza Novais.

Infecciones vaginales

Víctimas y testigas de los abusos afirmaron ante la jueza que los custodios usaron el mismo guante para esculcar a las convictas.

A consecuencia de eso, Ruth. N.R. ha asegurado a su abogado y a la jueza, que ha contraído una enfermedad venérea.

Otras reclusas han experimentado infecciones vaginales, según consta en la denuncia de Cruz Arévalo.

El 15 de junio, Novais ordenó que Ruth fuera evaluada por médicos del Instituto de Medicina Legal y que se le diera tratamiento.

De acuerdo con el querellante, son más de cien mujeres las que sufrieron los abusos, pero muchas de estas han preferido guardar silencio para no verse perjudicadas en sus expedientes.

La jueza Novais, en su resolución, pidió que las autoridades penitenciarias no tomaran represalias contra las convictas que se quejaron ante ella.

Otra denuncia

La jueza también resolvió que el titular de la DGCP, Gilbert Cáceres, y el equipo multidisciplinario del reclusorio, que habían sido acusados en la denuncia de Cruz Arévalo, no tuvieron ninguna responsabilidad en los abusos cometidos.

Pero los abogados de los funcionarios declarados responsables han apelado la decisión judicial ante la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador, en un intento por descargar de culpa a sus defendidos y evitar la respectiva sanción.

Sin embargo, ante el temor de que los responsables de los abusos queden sin castigo, el querellante Cruz Arévalo aseguró a este periódico que el hecho podría ser llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Costa Rica, y otras instituciones internacionales.

Pero si la Cámara ratifica el fallo judicial, Arévalo Cruz lo tomará como base para acusar penalmente a Pacheco y a Hernández, por los delitos de actos arbitrarios y otras agresiones sexuales agravadas.