El Parlamento europeo ha adoptado el decreto de la vergüenza: un rudo golpe contra la Europa de los derechos del Hombre.

El Parlamento europeo, al adoptar, sin agregar la más mínima enmienda, el texto del “decreto de regreso” negociado por los ministros del interior y de la inmigración de los 27 Estados miembros, ha perdido gran parte de su credibilidad en cuanto a su capacidad de mantener su papel de instancia democrática encargada de la protección de los ciudadanos de Europa.

Al prever el encierro de los migrantes no miembros de la Comunidad por el período de 18 meses, autorizando la expulsión de niños, además fuera de su territorio de origen, al instituir la prohibición del territorio europeo durante 5 años, este decreto asesta un ataque a las libertades públicas y hace del encierro un modo corriente de administrar a las poblaciones migrantes.

Sordos a los llamados de las ONG, sordos a los llamados de las Iglesias, sordos a los llamados de numerosos representantes de Estado del Sur, sordos a las mobilizaciones ciudadanas, los parlamentarios europeos en su mayoría han elegido renunciar a toda veleidad de resistir a la lógica policial que subtiende la política de inmigración conducida por los ministros del Interior desde hace 20 años.

La Cimade lo deplora profundamente. Ella estudia con sus aliados y asociados todas las vías posibles para oponerse a este decreto ante la Corte de Justicia europea de los Derechos del Hombre.