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21 agosto 2012

Algunas enseñanzas


A la vista de los resultados, después de dos meses de ataques y contraataques, de consultas, de editoriales, de artículos, viajes a Managua y recursos ante una Corte Centroamericana de Justicia —que nada tiene que ver con la constitucionalidad de nuestras leyes y decretos— tras una letanía de acusaciones y contraacusaciones, de una larga serie de discusiones y anochecidas y madrugones en Casa Presidencial, los diputados y dirigentes de los partidos políticos terminaron por ponerse de acuerdo para hacer lo que había ordenado la Sala de lo Constitucional. El resultado es ese. Cabe preguntarse ¿por qué tanta pólvora? ¿Para qué tanta bulla?

Con toda sinceridad no tengo respuestas a estas dos preguntas. Pues no me manejo en los círculos del poder e ignoro los códigos secretos de ese mundo. Pero lo que queda claro es que todo eso no se hizo por gusto, que había un objetivo oculto. Porque ahora los que han aceptado votar lo que durante dos meses se negaron hacer, porque eso contradecía sus principios de honorabilidad, porque votar según determinó la Sala era violentar la Constitución y sobre todo ceder ante la derecha recalcitrante, aliada de la oligarquía, organizada en la ANEP, explican que lo han hecho por espíritu de sacrificio, para demostrar el alto sentido del deber que tienen.

Es decir que los principios, la honorabilidad, el apego a las leyes se ha echado por la borda, al tarro de la basura. Y no se sabe por qué razones. Todos sabemos que esas negociaciones en Casa Presidencial fueron impuestas por el extranjero. El “aliado” de los Estados Unidos, el que no tuvo empacho de declararlo sin reservas, se acaba de dar cuenta que es simplemente un hace mandados. Bastó que un miembro de la dirección del patronato se fuera a quejar al Norte, para que senadores amenazaran con lo que más duele: los dólares.

Mauricio Funes se puso juguetón, quiso ningunear a dos importantes senadores de los Estado Unidos, como lo hizo con algunos empleados de la Embajada respecto a las revelaciones de WikiLeaks, La misma embajadora tuvo que intervenir para corregir al criado. Al parecer nuestro presidente que solo se maniató a esa servidumbre, de vez en cuando trata de adoptar poses de soberano. Pero es reyecito dentro del marco que le confiere la Constitución presidencialista. Pero ese marco no abarca lo que los jefes mandan, sus jefes del Norte.

¿Se puede sacar alguna enseñanza de todo esto? Si, tal vez más de una. Una de ellas es que la dirección del FMLN tiene todavía recursos para petrificar a sus bases y aún más allá de ellas. Pues le ha bastado afirmar que el que no está de acuerdo con la cúpula es su enemigo y un aliado de ARENA y de la ANEP. Los militantes han reaccionado como ante un capote de brega, se han enfurecido y arremetían con todo sin querer parar mientes y entrar en razón. Durante estos tres años de alianzas parciales con ARENA para algunos votos, alianzas secretas como en el episodio del decreto 743, la polarización había perdido densidad, pero ahora ha vuelto al primer plano de la escena política. Esto arrastra otra consecuencia: el fanatismo puede mucho más que la razón. En nuestro país predomina el fanatismo, de ambos lados, en ambos partidos mayoritarios. Algunos militantes del FMLN se olvidaron inclusive que muchos personajes de GANA hasta hace apenas tres años pertenecían a ARENA y que su fuga para fundar otro partido no tuvo lugar a causa de una conversión súbita a otras ideas. Los dirigentes y miembros de GANA siguen siendo de derecha, lo mismo que los del PES y de CN. O sea que el bloque de los cuatro no era un bloque progresista de izquierda, como muchos se esforzaban en presentarlo. Era un grupo de intereses partidarios, de intereses mezquinos. El interés de la patria, la defensa de la legalidad, de la Constitución, de los principios democráticos, de la ética no tenía nada que ver.

Pero al mismo tiempo, la mayoría de la gente solamente ha visto un largo pleito sin fin que se acabó. Que se acabó con negociaciones secretas en un momento que se habla tanto de transparencia. Y que se acabó con la decisión de hacer lo que debieron haber hecho desde el primer día, aplicar los fallos de la Sala de lo Constitucional. No creo que todo esto haya engrandecido la opinión que se hace la mayoría de la gente de la política.

Todos desde el menor de los diputados hasta el mismo presidente hablaban del respeto a la separación de poderes. Pero hemos visto a diputados reunirse en Casa Presidencial para discutir sobre algo que le corresponde a la Asamblea y que nada tiene que ver el Ejecutivo. El mismo Ejecutivo, por las declaraciones del mismo presidente, tomó parte en el pleito, aceptando que una Corte extranjera podía determinar que era constitucional o no, en vez del “único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio”, que es la Sala de lo Constitucional. Sabemos que hubo decretos que fueron aprobados por el presidente para entrampar a la Sala, para maniatarla. La ojeriza presidencial es tenaz, no le perdona a la sala el haber suprimido la famosa “partida secreta”. Y esto que es muy probable que su nuevo amigo, Tony Saca, le habrá enseñado algunas mañas.

El presidente de repente se declara neutral a todo eso, aunque en estos días ha vuelto a repetir que el fallo de la CCJ es válido y aplicable. ¡Vaya que necedad! Pero el papelito sin valor alguno según nuestras leyes, que atestigua del acuerdo entre partidos es el fruto también de la intervención extranjera. Y para que vean que ese papelucho no tiene valor legal, lo firman jefes de partido, el presidente en calidad de no se sabe qué y sin nombrar en base a qué ley se firma. Ese acuerdo es pues un negociado. Un desvergonzado arreglo del que nada se nos dice. Hubo reparto, pero los salvadoreños no se han enterado en qué ha consistido.

Pero la enseñanza más importante que podemos sacar de todo esto es que ningún partido de los que pueblan los curules de la Asamblea representan los intereses de los trabajadores. El patronato defendió a su principal partido. Pero el resto de partidos no son sus enemigos. La oligarquía salvadoreña puede dormir tranquila, pues más allá de la retórica acalorada de estos días, sus intereses no han sido nunca amenazados. Los partidos políticos como chuchos y gatos se pelean el pastel estatal. Es esta la triste realidad de nuestra vida política.

Creo que ante este panorama es muy poco proponer una Constituyente, poco o inútil, pues la vida política nacional está dominada por estos partidos, que serían los que enviarían el mayor número de diputados a la Constituyente. ¿Piensan algunos que en pocos meses de campaña electoral se puede transformar por completo el espectro político nacional?

Creo que la llave de nuestros problemas se encierra en esa última pregunta. En primer lugar no se va a poder cambiar ese panorama si no existe una nueva organización que se proponga esa transformación. Una nueva organización que en la práctica de su propio accionar en la sociedad muestre que es posible hacer política de otra manera. Que el fin real de la política no es el poder como algunos se empeñan en afirmarlo. El poder político es un medio para transformar la sociedad. Pero transformar la sociedad se puede desde ya, justamente introduciendo prácticas y objetivos nuevos que tiendan a volver actores a los ciudadanos que hasta hoy apenas si han sido espectadores.

10 agosto 2012

La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica afirma que la propuesta de Ley de Suspensión de la actividad minero-metálica del gobierno



Ante la propuesta de la Ley Especial para la Suspensión de Procedimientos de Proyectos de Exploración y Explotación de Minería Metálica presentada por el Gobierno salvadoreño a la Asamblea Legislativa, a la opinión pública nacional e internacional exponemos que:

La suspensión de los proyectos de exploración y explotación de metales propuesta por los ministros de Economía y Medio Ambiente, no elimina la amenaza de la minería metálica para el país, solo la entretiene. El proyecto de Ley es de carácter temporal, superficial y no tiene ninguna fundamentación científica; refleja que a este gobierno no le interesa prohibir la minería metálica, aún cuando hemos demostrado técnica y científicamente que la extracción de metales del subsuelo salvadoreño es irracional ya que contamina y destruye más el ambiente, a la vez que rompe el tejido social de las comunidades, vulnerando derechos fundamentales de las poblaciones.

Reiteramos que la grave degradación ambiental que sufre nuestro país es incompatible con una industria tan depredadora como la minería metálica. La grave contaminación que tiene afectados al 98% de nuestros ríos, la escasez crónica de agua potable que sufre la población, además de que El Salvador es uno de los países más deforestados y densamente poblados de América Latina y uno de los más vulnerables del mundo, con más del 98% de la población en zonas propensas a sufrir desastres, son razones que deberían bastar para cerrarle las puertas a las empresas mineras en El Salvador.

Como Mesa Nacional frente a la Minería Metálica consideramos que la Propuesta de Ley de Suspensión presentada por el gobierno es demagógica una falsa solución a la amenaza que representa la voracidad de las transnacionales de la industria extractiva minera. Si lo que verdaderamente importa garantizar es la sustentabilidad y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, el gobierno de Funes en lugar de buscar una salida superficial calculada para salvar únicamente su administración, debería promover la prohibición de la minería metálica a través de una nueva Ley de Minería explícita en ese sentido, justificada en la profunda crisis socioambiental que padecemos y cuya tendencia actual es a agravarse aceleradamente.

Entre otras inconsistencias, señalamos que la propuesta de crear un Comité de Seguimiento que monitoreará un supuesto “Plan de Fortalecimiento Institucional” y dictaminará el momento en que la suspensión pueda ser levantada, constituye una amenaza para la población salvadoreña, y en particular para las comunidades que ya se han visto afectadas por proyectos de exploración minera. Denunciamos que la decisión de prohibir o permitir la minería metálica no puede descansar sobre un grupo reducido de personas. Se trata de una decisión soberana del pueblo salvadoreño que, en consonancia con los principios constitucionales y del Derecho Internacional citados retóricamente en la propuesta de Ley de Suspensión, debe ser tomada por el pueblo salvadoreño en su conjunto y no por algunos cuantos empresarios y designados por el gobierno de turno.

La institucionalidad del Estado, históricamente ha sucumbido a los intereses particulares de las grandes empresas cuyo único interés es saquear nuestros recursos naturales. Basta ver la destrucción que la minería metálica ha provocado en el Río San Sebastián del departamento de La Unión  o la terrible contaminación por plomo producida en el cantón Sitio del Niño, La Libertad, para constatar que las reglas del juego, la afamada institucionalidad, está dispuestas para favorecer a las empresas y que las buenas intenciones no protegen realmente a las grandes mayorías y tampoco promueven una vida digna y sustentable para el país. 

Por lo anteriormente expuesto, exhortamos a la Asamblea Legislativa, a no dejarse sorprender por falsas soluciones, y que en lugar de abordar la propuesta de suspensión temporal de la extracción de metales del presidente Funes; conozca, discuta y apruebe a la mayor brevedad posible la Ley de Prohibición de la Minería Metálica que como Mesa Nacional frente a la Minería Metálica presentamos en 2006.

¡Rechazamos la demagogia y las falsas soluciones!

¡Exigimos la aprobación inmediata de una ley que prohíba definitivamente la minería metálica en El Salvador!


Mesa Nacional frente a la Minería Metálica. Agosto, 2012.